Carlos Amaya y su sector político han preferido defender los intereses de empresas privadas por encima de la protección de reservas naturales y comunidades vulnerables en Boyacá. Así lo han demostrado frente a los proyectos PSR 3 y 4 de paneles solares y APE COR 15 de exploración petrolera.
EL PROYECTO DE PANELES SOLARES EN EL PÁRAMO DE GUANTIVA - LA RUSIA
En Boyacá se pretende instalar un proyecto de energía solar fotovoltaica que buscaría instalar 364.000 paneles solares en una zona de páramo y reserva hídrica gracias a un acuerdo que dejó firmado Carlos Amaya desde 2017 con la empresa italiana Refeel sin antes delimitar las áreas prohibidas para dicho proyecto en las zonas de páramo
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Carlos Amaya firmó desde 2017 un acuerdo con la empresa italiana Projetto Solare Refeel filial de la empresa italiana Infrastrutture cuyo representante legal es Pier Francesco Rimbotti CEO de dicha compañía. El acuerdo trata sobre la instalación de plantas solares en el departamento de Boyacá omitiendo restringir su instalación en las áreas de páramo.
El Acuerdo firmado entre Carlos Amaya y Pier Francesco Rimbotti fue prorrogado en 2019 hasta el año 2021 comprometiendo al sucesor de Amaya en la Gobernación a continuar con dicho compromiso sin establecer nuevamente de manera explícita las áreas en donde no podría desarrollarse los proyectos de energía solar fotovoltaica.
Es así como la empresa Projetto Solare Refeel presenta los proyectos Paipa I-PSR 3 y Paipa II-PSR 4 para la instalación de 190 hectáreas de paneles solares en los municipios de Paipa (Veredas La Bolsa, Llano Grande, Sátiva y El Volcán) y Sotaquirá (Vereda Carrizal)
El proyecto Paipa I-PSR 3 ocuparía un área de 89.71 hectáreas y tendría un costo de USD$ 68.799.980 y el proyecto Paipa II-PSR 4 ocuparía 97,05 hectáreas con un costo de USD$ 59.813.640 Ambos proyectos impactarían un área de influencia de 400 hectáreas
Hoy en día es prioritaria la transición energética para Colombia y los proyectos de energía fotovoltaica son esenciales. El problema con los proyectos PSR 3 y PSR 4 en Boyacá es que estarían ubicados en el corazón del páramo de Guantiva - La Rusia impactando directamente el Humedal Cardón o Cortadera entre otras reservas hídricas de la zona
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| Humedal Cardón (Sotaquirá, Boyacá) |
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Reserva Natural Guantiva Sotaquirá
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Páramo de Guantiva - La Rusia (Boyacá)
Bosque de Páramo Guantiva - La Rusia (Sotaquirá, Boyacá)
La comunidad que habita la zona de impacto de los proyectos PSR 3 y PSR 4 se han manifestado en contra de dichos proyectos debido al daño ambiental que causarían la instalación y operación de 190 hectáreas de paneles solares en una zona de páramo que alimenta hídricamente a varios acueductos de Paipa y Sotaquirá
Comunidad Vereda El Carrizal - Sotaquirá |
Nacimiento acueducto El Chuscal - Sotaquirá
Estos proyectos están en trámite de licencia ambiental por parte de CORPOBOYACÁ. Sin embargo hay que señalar que esta entidad ha omitido su obligación de avanzar en la zonificación del páramo Guantiva-La Rusia y determinar su régimen de usos luego de la expedición de la Resolución 1296 de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente que delimitó dicho páramo.
Carlos Amaya estuvo mas presto a impulsar un proyecto de paneles solares en el páramo Guantiva-La Rusia que en velar por su delimitación y protección ya que siendo el Director de CORPOBOYACA su socio Herman Estiff Amaya Téllez es el momento en que este trámite no ha sido cumplido por dicha entidad dejando al páramo expuesto a riesgos como el proyecto PSR 3 y 4.
Herman Estiff Amaya Director de CORPOBOYACA y Carlos Amaya exgobernador de Boyacá
La Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá en cabeza de la Procuradora 31 Judicial y Ambiental Agraria Alicia López Alfonso ha sido la única entidad de control que se ha pronunciado en defensa del páramo Guantiva - La Rusia frente a la amenaza de los proyectos de energía solar PSR 3 y PSR 4
La Procuraduría le sugiere a Corpoboyacá la posibilidad de prohibir o abstenerse de autorizar actividades que puedan ser lesivas a un ecosistema estratégico, máxime con la gran cantidad de extensiones de paneles a instalar y le pide invocar el principio de precaución referido a la necesidad de tomar medidas ante la ausencia de certeza.
La Procuraduría invoca la Sentencia T-445 de 2016 de la Corte Constitucional: "la protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad universal reconocida la cual busca dar una respuesta contundente a las agresiones que sufren los ecosistemas de nuestro país. Mas aún si se tiene en cuenta que la protección de los recursos renovables asegura la supervivencia de las generaciones presenta y futuras."
Corte Constitucional de Colombia
La posición de la Procuraduría se apoya además en los conceptos de uso del suelo exhibidos por la Alcaldía de Sotaquirá para reiterar que el uso principal de los predios cobijados por los proyectos (Jamaica5 Vereda Carrizal, El Desaguadero, Vereda Carrizal y Jamaica 6 Vereda Carrizal) "está dirigido a la conservación forestal y de fauna, con énfasis en especies endémicas."
Alfonso Avellaneda, docente de la UPTC y de la Universidad del Bosque, con estudios de maestría en energías alternativas de la Universidad Libre, argumenta que los proyectos de energía solar fotovoltaica son inconvenientes para el territorio, su principal hipótesis tiene que ver con el efecto albedo.
Cuando el rayo solar cae directamente sobre la vegetación esta lo absorbe y lo convierte en clorofila si cae sobre los paneles eso no sucedería. El efecto albedo es responsable de un fenómeno que tienen las ciudades que se llama la isla de calor, eso lleva a que se aumente la evaporación y se disminuya la precipitación y eso conduce a que la zona tienda a ser seca. Al ser mas seco implica que no se recarguen los acuíferos.
Según los cálculos de Alfonso Avellaneda, basado en datos del Servicio Geológico Colombiano, en la zona donde pretenden ejecutarse los proyectos fotovoltaicos caen mil milímetros de agua al año, “si les quitamos 200 hectáreas en donde el agua no caiga directamente al suelo y no recargue los acuíferos, se pierden 350 litros año por metro cuadrado de agua, eso implica que se pierde más o menos el agua que pudiera satisfacer a unas 15 mil personas”.
Carlos Amaya y su grupo político en lugar de pronunciarse enfáticamente en contra del proyecto lo han usado como tema de campaña pues sus candidatos en Boyacá aprovechan la difusión de las audiencias públicas convocadas por la Procuraduría para figurar en medios durante la actual campaña política pero no le dicen la verdad a las comunidades sobre los antecedentes de dicho proyecto
La Gobernación de Ramiro Barragán sucesor de Amaya expresa tácitamente su beneplácito con el proyecto de paneles solares PSR 3 y 4 al dar como un hecho su construcción ya que sin existir licencia ambiental ya lo publica como un éxito en su página oficial
EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN PETROLERA APE COR 15 EN LOS MUNICIPIOS DE BETEITIVA, BUSBANZÁ, CORRALES Y TASCO
El 11 de octubre de 2021 mediante la Resolución 1795 la ANLA le concede licencia ambiental a la compañía petrolera Maurel & Prom para el proyecto de Área de Perforación Exploratoria APE COR 15 que se desarrolla en Boyacá
El proyecto petrolero APE COR 15 se adelanta en los municipios boyacenses de Beteitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco de tradición agrícola y ganadera
Los municipios de Beteitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco tienen zona de influencia en los páramos de Guantiva y Pisba de los cuales nacen varios acueductos y afluentes hídricos de la zona
Las comunidades de estos municipios boyacenses se han opuesto desde el principio a este proyecto petrolero pues impacta notablemente a las reservas naturales de la región y al bienestar de sus habitantes
El proyecto APE COR 15 de la petrolera Maurel & Prom genera varios efectos en contra del medio ambiente y los habitantes de esta región como el daño a los afluentes hídricos, a las reservas ecológicas, al suelo, a los habitantes por la contaminación auditiva y por los efectos sísmicos de las perforaciones.
Sin embargo, las comunidades de estos municipios han luchado solos en contra de este proyecto. Ejemplo de ello es en la audiencia pública convocada por la ANLA para los días 19 y 20 de agosto de 2021 el gobernador de Boyacá Ramiro Barragán donde pese a estar facultado para intervenir no lo hizo y los políticos del partido Verde tampoco intervinieron para oponerse con argumentos al proyecto de la petrolera Maurel & Prom
Carlos Amaya muy por el contrario de pronunciarse en defensa del territorio y los habitantes de Beteitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco ha hecho todo lo posible para que el proyecto APE COR 15 salga adelante. En 2018 interviene para que sea la UPTC quien realice como contratista privado los estudios de impacto ambiental del proyecto a favor de la petrolera Maurel & Prom
El 30 de abril de 2020 la ANLA mediante Auto 3629 archiva el trámite administrativo de otorgamiento de licencia ambiental del proyecto COR 15 pues la empresa a través de la UPTC no suministró la información técnica suficiente para el trámite de dicha licencia.
Sin embargo el 18 de mayo de 2020 Maurel & Prom presenta recurso de reposición y la ANLA mediante Auto 6655 de 15 de julio de 2020 revoca el auto 3629 argumentando que el Concepto Técnico 3800 de 2020 contaba con la información mínima necesaria para la toma de decisiones ambientales.
Es así como al día de hoy el proyecto APE COR 15 se encuentra en marcha gracias a la intervención de Carlos Amaya y la UPTC a favor de Maurel & Prom y a la negligencia de la Gobernación de Boyacá quien renunció a presentar argumentos en defensa de la comunidad y el medio ambiente en desarrollo de las audiencias convocadas por la ANLA.
Carlos Amaya y su sector político son unos falsos ambientalistas pues en lugar de defender las reservas naturales y las comunidades boyacenses se ha mostrado mas interesado en ayudar a las compañías petroleras y energéticas cuyos proyectos perjudican tesoros naturales irrecuperables para Boyacá.
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